Recortes y el factor “popûlus”. La protesta social de ayer y de hoy

El periódico regional elpajarito.es recogía  hoy 12 de junio, en vísperas del fin del curso escolar, otra noticia más sobre las consecuencias que trae consigo la implantación de las políticas de recorte del gasto público; Apoyo unánime en Molina a que no se supriman aulas en el colegio Cervantes. La foto que se aprecia en la noticia muestra a manifestantes recorriendo la calle Mayor de Molina de Segura en señal de protesta por el cierre de aulas de uno de los colegios más populares de la localidad conservera. Tanto el AMPA como el pleno municipal en su totalidad se han manifestado en contra de esta propuesta de la Consejería de Educación del gobierno autonómico. Resulta satisfactorio ver cómo una comunidad local, más allá de sus diferencias ideológicas y partidistas, une fuerzas para defender sus intereses municipales.

Pese a esta imagen idílica, de lucha comunal, no estaría de más echar la vista hacia atrás y repasar nuestra historia reciente para comprender cómo hemos llegado a esta situación. Hace unos años, durante el boom económico, pueblos enteros salían a defender a alcaldes a las puertas de los juzgados acusados de malversación de fondos públicos. Las consecuencias de estas irregularidades administrativas, de actos éticamente reprobables, no se percibían como tal en aquél momento -el clientelismo político estaba bien expandido y funcionaba eficazmente por el boyante flujo de dinero que existía-. Ahora, en época de vacas flacas y con políticas neoliberales de restricción del gasto público, los servicios públicos como la sanidad o la educación están siendo mermados.

Esta merma en los servicios públicos debería de preocupar o por lo menos suscitar nuevas demandas ciudadanas. Tanto la educación como la sanidad pública son derechos fundamentales, básicos, que la propia Constitución recoge (artículos 27 -educación-, y 43 -sanidad-). El desarrollo de estos derechos sociales han simbolizado el auge de la sociedad del bienestar, de la generación de una gran clase media donde es (o era) difícil distinguir a los menos pobres con los menos ricos. Esta igualdad y redistribución de la prosperidad en la sociedad española y murciana ha sido un elemento característico propio de las sociedades mas evolucionadas, pero en estos momentos, el Estado del Bienestar está retrocediendo debido a que ahora estamos pagando la mala gestión pública del dinero de todos de la época “dorada” del boom (corrupción, infraestructuras faraónicas, etc).

Si entendemos esta crisis como los chinos, como un nuevo tiempo en el que se abren nuevas oportunidades, entendiéndola claro está como un punto de inflexión donde se empieza a corregir trayectorias erróneas del pasado, esperemos que la crisis haya servido, o sirva, para fortalecer la conciencia ciudadana sobre la importancia de la gestión de los recursos públicosEstos bienes públicos son propiedad de todos, ninguna persona o cargo público debería hacer uso de ellos para sus propios intereses particulares. Y sobre todo, no hay que olvidar que esta mala gestión de los recursos públicos afecta más directamente a la clase trabajadora, a las capas más populares y con menos recursos como son los vecinos del barrio de San Roque.

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